En una decisión histórica, el Tribunal Supremo exige audiencia previa antes del despido disciplinario, un fallo que marca un antes y un después en la jurisprudencia laboral española. Con su Sentencia núm. 1250/2024, de 18 de noviembre, el Supremo establece que los empleadores no pueden despedir disciplinariamente a un trabajador sin ofrecerle antes la oportunidad de defenderse de las acusaciones. Este fallo, que unifica la doctrina a nivel nacional, garantiza los derechos fundamentales de los trabajadores en el proceso de despido.
Fundamentación Jurídica: El Convenio 158 de la OIT como base del Fallo
El Tribunal Supremo se apoya en el artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España, que establece que no deberá darse por terminada la relación de trabajo por motivos de conducta o rendimiento sin ofrecer al trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos formulado. Este artículo, que ahora se considera de aplicación directa dentro del ordenamiento jurídico español, obliga a los empleadores a garantizar este derecho fundamental de defensa antes de llevar a cabo un despido disciplinario.
Aunque el Estatuto de los Trabajadores no preveía explícitamente esta obligación, la sentencia del Tribunal Supremo establece que el derecho a audiencia previa en el despido disciplinario es ahora parte de la normativa española debido a la ratificación del Convenio 158 de la OIT. Con ello, el Alto Tribunal asegura que este derecho se aplica de forma automática sin necesidad de leyes adicionales.
Un Cambio Jurisprudencial de Gran Alcance
Este fallo supone un cambio significativo en la interpretación de los despidos disciplinarios en España. Desde los años 80, el Tribunal Supremo había sostenido que el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT no se aplicaba directamente en el ordenamiento español. Sin embargo, con la sentencia núm. 1250/2024, el Tribunal Supremo exige audiencia previa antes del despido disciplinario, lo que es esencial y debe ser garantizado por todos los empleadores.
A partir de ahora, cualquier despido disciplinario debe cumplir con este requisito, asegurando que el trabajador tenga la oportunidad de defenderse antes de que se extinga su contrato.
Implicaciones para Empresas y Trabajadores
La implementación de la audiencia previa obligatoria afectará a la gestión laboral de las empresas. Los empleadores deberán establecer procedimientos internos para garantizar que los trabajadores tengan la oportunidad de presentar su defensa antes de ser despedidos. Este nuevo paso obligará a las empresas a ser más rigurosas en la documentación y en el proceso de despido.
Para los trabajadores, este cambio refuerza significativamente sus derechos. Ahora, todo trabajador despedido disciplinariamente tiene garantizado el derecho a ser escuchado antes de que se tome una decisión final, lo que asegura una mayor equidad en las relaciones laborales.
Posibles Consecuencias en la Litigiosidad Laboral
Se espera que esta sentencia tenga un impacto inmediato en la litigiosidad laboral. Si una empresa no sigue el procedimiento de audiencia previa antes del despido disciplinario, es probable que el tribunal declare el despido improcedente, lo que puede generar costos adicionales para el empleador.
La nueva doctrina clarifica un aspecto que anteriormente generaba incertidumbre, pues algunas regiones judiciales exigían la audiencia previa y otras no. Con esta unificación, se asegura una práctica más coherente y predecible en los tribunales.
Conclusión: Un Paso Hacia la Protección Eficaz del Trabajador
El fallo del Tribunal Supremo sobre la audiencia previa en el despido disciplinario no solo marca un cambio en la legislación española, sino que también alinea la normativa nacional con los estándares internacionales. Este hito en la jurisprudencia laboral refuerza la protección de los derechos de los trabajadores, garantizando que las decisiones tan drásticas como el despido se tomen con las debidas garantías de defensa.
A partir de esta sentencia, las empresas deberán adaptarse a un nuevo protocolo de despidos, mientras que los trabajadores gozarán de una mayor seguridad jurídica en su relación laboral. Este avance abre la puerta a un futuro donde las condiciones laborales en España se alinean con las mejores prácticas internacionales en materia de derechos laborales.
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